La frase que afirma: “el catastro territorial debe estar al servicio del planeamiento” no es nueva y a pesar de todo lo que se ha escrito y dicho sobre su relación y sobre los deberes y derechos de cada institución, aún es posible hacer análisis más detallados y trascender la visión unidireccional que históricamente veía al catastro como “al servicio de...”.
En América Latina en particular, los cambios
demográficos y económicos condicionan la expansión horizontal y vertical de los
centros urbanos. Grandes proyectos desarrollados para sectores sociales de
ingresos medios conviven con las exclusivas “urbanizaciones enrejadas” de los
grupos de altos ingresos y con los asentamientos informales que carecen de equipamientos
y de servicios urbanos. La tendencia de expansión hacia las áreas periféricas sobre
valoriza los “suelos lejanos” y al mismo tiempo crea problemas de
infraestructura. Paralelamente, la reducción de la actividad residencial en áreas
centrales que ya cuentan con equipamientos y servicios básicos abre espacios
con suelo urbano subutilizado que sufre devaluación. Esa enigmática relación
que hay entre el control de la expansión territorial y el apoyo a la densificación
urbana está en el corazón de la discusión de académicos y formuladores de políticas
urbanas en América Latina.
Un sistema de información territorial que tenga la capacidad de transparecer esa compleja realidad urbana, definitivamente debe trabajar con multidatos procedentes de diferentes fuentes. Esta necesidad ha impulsado la difusión de los conceptos relativos a los catastros multifinalitarios, cuyo desarrollo presenta grandes contrastes en la región debido, por un lado, a la frecuente mala interpretación del concepto, y por otro, a la insipiencia del proceso de cambio que acaba de comenzar.
Existe
una noción según la cual, para implementar un catastro multifinalitario es
necesario ampliar las bases de datos de los catastros territoriales
tradicionales que contemplan los aspectos físicos, económicos y jurídicos,
incluyendo los datos sociales, ambientales y de redes de servicios lo cual, definitivamente,
no es esencial. Algunos administradores, inclusive, consideran que la
adquisición de Sistemas de Información Geográfica y/o la implementación de
sitios en Internet (e-Catastros) son suficientes para estructurar un catastro
multifinalitario y si bien estos pasos son importantes, tampoco son
imprescindibles.
La
implementación de un Catastro Multifinalitario se basa principalmente en
cambios de paradigma que contemplan la consolidación de nuevas relaciones entre
los sectores público y privado, sin la necesidad imperiosa de nuevos ni mayores
recursos financieros ni tecnológicos, puesto que los que están disponibles en
las instituciones aliadas pasan a ser compartidos de la misma forma que los
datos y las informaciones.
Es
hora de repensar, reconsiderar, negociar, cooperar y actuar para el
establecimiento de catastros multifinalitarios con mayor protagonismo en la
definición de políticas urbanas, que optimicen el financiamiento urbano.
Editor y organizador:
Diego Alfonso Erba
Fuente: http://www.lincolninst.edu
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